El departamento del Chocó, atraviesa una de las crisis de seguridad más profundas de los últimos años: la extorsión alcanzó una tasa de 88,1 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Esta cifra, muy por encima del promedio nacional, confirma que Chocó se ha convertido en un epicentro crítico para este delito, afectando gravemente la vida económica y social de sus comunidades rurales.
El análisis proviene del estudio “Café, Conflicto y Extorsión: Un Análisis Cuantitativo en Municipios de Colombia”, desarrollado por los docentes del Politécnico Grancolombiano Jaime Wilches, Karolina Baquero y Rodrigo Atehortúa, quienes examinaron 1.122 municipios del país durante nueve años. Su investigación identifica al Chocó como uno de los territorios donde las dinámicas del conflicto, la fragilidad institucional y las economías ilícitas convergen para potenciar la extorsión a niveles alarmantes.
¿Por qué Chocó enfrenta la extorsión más alta del país?
Si bien Chocó no figura entre los principales departamentos cafeteros del país, el estudio evidencia que allí la extorsión se expande de manera acelerada debido a la combinación de economías mixtas, rutas estratégicas para el tráfico ilegal y débil presencia estatal. Esto favorece la consolidación de grupos armados que imponen cobros extorsivos tanto a productores agrícolas como a comerciantes, transportadores y pequeños negocios locales.
A diferencia de regiones cafeteras tradicionales (donde la extorsión se relaciona con la captura de rentas del café), en Chocó el delito opera bajo una lógica distinta pero igualmente devastadora: los grupos criminales convierten cualquier actividad económica en un punto de presión. Esto se traduce en cobros por transporte fluvial, circulación de mercancías, comercialización de productos locales e incluso actividades comunitarias.
El estudio revela que la extrema vulnerabilidad del departamento se explica por la combinación de tres factores: territorios históricamente afectados por el conflicto armado, corredores utilizados por economías ilícitas y altos niveles de debilidad institucional. Esta mezcla hace que Chocó no solo presente la tasa más alta de extorsión, sino que mantenga esta incidencia de manera sostenida a lo largo de los años analizados.
Los investigadores destacan que Chocó sobresale incluso frente a departamentos de alta producción agrícola. Mientras en el Eje Cafetero tradicional las cifras se mantienen entre 8 y 10 casos por cada 100.000 habitantes, Chocó supera esas cifras por más de ocho veces, reflejando la magnitud de la crisis y la desigualdad en las condiciones de seguridad.
El panorama en Chocó también se agrava por la coexistencia de economías legales e ilegales. La investigación documenta que la presencia de cultivos de coca incrementa la tasa de extorsión en aproximadamente 3,5 puntos adicionales. En el departamento, donde estas economías han coexistido durante décadas, esta interacción crea escenarios de control territorial criminal muy difíciles de desarticular.
¿Cómo la extorsión controla la economía y la vida diaria en el Chocó?
La investigación señala que, en departamentos como Chocó, la extorsión funciona como una herramienta de dominio económico: no requiere acciones visibles de violencia extrema, pero sí genera un sometimiento continuo que afecta la movilidad, la confianza comunitaria, las inversiones locales y el desarrollo productivo. De esta manera, la extorsión erosiona silenciosamente la economía formal y profundiza las brechas de pobreza.
Los hallazgos también revelan que la extorsión, a diferencia del homicidio o el secuestro, se convirtió en el mecanismo más utilizado por los grupos armados para sostener sus finanzas. El secuestro cayó a niveles mínimos después de la desmovilización de las FARC, pero la extorsión tomó su lugar por ser más rentable, menos visible y más efectiva en departamentos con presencia estatal debilitada como Chocó.
Ante este panorama, los investigadores recomiendan fortalecer la presencia institucional integral en zonas rurales del Chocó, no solo desde la fuerza pública, sino también desde la justicia local, la inversión social y el acompañamiento económico a comunidades afectadas. Sin estas acciones, advierten, la extorsión continuará creciendo como un “impuesto paralelo” que ahoga cualquier intento de desarrollo territorial sostenible.
