En un fallo histórico, la jueza penal 44 de Bogotá, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, marcando un precedente en la justicia colombiana al ser la primera vez que un exmandatario es condenado penalmente.
La decisión, tomada tras varios años de investigaciones y audiencias públicas, concluyó que Uribe incurrió en maniobras ilegales para manipular testimonios y desviar la atención de presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Los magistrados de la Sala de Instrucción Penal argumentaron que existieron pruebas suficientes que demostraron que el expresidente intentó alterar el curso de la justicia.
El caso tuvo origen en 2018, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte encontró que fue el propio Uribe quien orquestó una estrategia para que testigos privados de la libertad ofrecieran declaraciones a su favor a cambio de beneficios.
La condena ha generado reacciones divididas en todo el país. Mientras sectores de víctimas y defensores de derechos humanos celebran el fallo como un triunfo de la justicia y del Estado de derecho, seguidores del exmandatario lo califican como un acto de persecución política. “Se ha hecho justicia. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien ocupó la Presidencia de la República”, afirmó una vocera del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El proceso ahora será revisado por el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá plazo hasta octubre para ratificar el fallo emitido en primera instancia por la jueza penal 44 de la capital o, por el contrario, absolver al líder natural del partido Centro Democrático. Aunque el exmandatario se ha declarado inocente a lo largo de todo el proceso, desde ahora carga con la condición de condenado.
La defensa de Uribe anunció que apelará la decisión y evalúa acudir a instancias internacionales. A pesar de ello, este fallo representa un golpe contundente para el uribismo y plantea profundas reflexiones sobre la relación entre poder político y justicia en Colombia.
