Por primera vez, la Alcaldía Municipal de Bagadó, en alianza con el Gobierno Nacional, ha implementado un plan integral para el retorno seguro y digno de las comunidades indígenas desplazadas del Alto Andágueda, un territorio que ha sufrido por décadas la violencia, la explotación minera y el abandono estatal.
El pasado 13 de octubre, en el marco del retorno iniciado el 8 de septiembre, la administración municipal desplegó su equipo interdisciplinario en las zonas 1, 2 y 4 del resguardo. 
La intervención incluyó a 19 profesionales de diversas áreas, representando a la coordinación de salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Agricultura Sostenible, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura, Inspección, el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia, la Secretaría para las Víctimas, Paz y Posconflicto, Comunicaciones y la Oficina de Control Interno Municipal.
El objetivo fue brindar acompañamiento, seguimiento y caracterización de las comunidades, cumpliendo con los compromisos establecidos en la mesa técnica de septiembre en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Esta es la primera intervención administrativa de tal magnitud liderada por el municipio.
Entidades Presentes:
* Unidad para las Víctimas: Dir. Asuntos Étnicos, Reparación Individual, Red Nacional, DT Chocó, DT Risaralda, Comunicaciones
* Ministerio de Agricultura
* Alcaldía Municipal de Bagadó
* Minvivienda
* DPS
* ICBF
La adopción del “Modelo de Seguimiento a las Comunidades Indígenas” marca un paso crucial en la reparación histórica de más de 9,000 indígenas que han sido víctimas del desplazamiento forzado. Desde los años 90, estas comunidades han vivido bajo la amenaza de grupos armados y la explotación ilegal, lo que ha venido generando un éxodo masivo hacia ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.
Ahora, gracias a esta iniciativa, se garantizará no solo el retorno a sus tierras ancestrales, sino también el acceso a derechos básicos como vivienda, salud, agua potable y educación, en condiciones de seguridad y dignidad.
Este esfuerzo no es solo un acto administrativo; es un compromiso con la vida, la cultura y el futuro de estas comunidades. Es una muestra de que, cuando el trabajo es conjunto y se prioriza el bienestar de los más vulnerables, es posible construir un camino hacia la paz y la dignidad.
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