La reciente suspensión de David Emilio Mosquera Valencia, 
como rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, ha generado controversia y debate en la comunidad educativa y el ámbito político del Departamento. La Resolución 011010 emitida el 5 de julio de 2024 por la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, marca el inicio de una serie de decisiones que culminaron en la designación de Vanessa Sánchez Ruiz, como rectora delegada. Este análisis de Mario Luis Benítez Arboleda, busca abordar de manera crítica e imparcial los aspectos jurídicos, administrativos y éticos involucrados en éste caso.
Pero antes debo precisar: Toda esta situación en la Universidad Tecnológica del Chocó, contradice el discurso histórico del presidente, Gustavo Petro Urrego, quien alude a la historia de los negros, recordándonos que somos un pueblo marginado. Petro, ha señalado con tono de interrogación y asombro que el Pacífico colombiano es una de las regiones más pobres del mundo ¿Por qué en ella viven personas negras? y se pregunta ¿por qué los jóvenes negros se enfrentan y se matan entre sí? Esto nos lleva de vuelta a la época colonial, cuando los capataces enfrentaban a los esclavos negros entre sí para asegurar su lealtad a los amos y obtener resultados de manera más eficiente, aplicando la estrategia de “divide y vencerás”. También me lleva a afirmar que, como ha ocurrido a lo largo de la historia, los negros continúan haciéndose daño mutuamente, con la aprobación del alto gobierno. Este patrón se evidencia en la crisis universitaria, donde una ministra de Educación, también chocoana y negra, emite una resolución para nombrar a otra chocoana negra como rectora, cumpla o no con los requisitos. A Vanessa Sánchez Ruíz, “la han dejado sola, sin el apoyo constante de asesores del Ministerio de Educación”, obligándola a enfrentarse a otro chocoano negro en un conflicto interno. Ya conocemos el caso de la Universidad del Pacífico que, aunque las circunstancias sean diferentes, no dejan de tener participación de personas negras con el visto bueno del Gobierno Nacional.
Contexto y marco legal.
La suspensión de Mosquera Valencia, se enmarca en las competencias de inspección y vigilancia que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN), ejerce sobre las instituciones de educación superior, tal como lo estipula la Constitución Política en su artículo 67.
Estas facultades, delegadas al MEN mediante el Decreto 698 de 1993, permiten al Ministerio intervenir en situaciones donde se presume el incumplimiento de obligaciones por parte de las universidades. Ya algunos jurídicos en Colombia, especulan demandar esta norma por los supuestos atropellos a la autonomía universitaria.
En este caso específico, la Resolución 011010 se fundamenta en la Resolución No. 018742 del 6 de octubre de 2023, que ordenaba una “Vigilancia Especial” sobre la UTCH. Según el MEN, esta medida responde a irregularidades en la gestión de la universidad, que habrían afectado el cumplimiento de su misión educativa y administrativa.
Derechos vulnerados y la percepción de injusticia.
David Emilio Mosquera Valencia, ha manifestado sentir que sus derechos han sido vulnerados con la emisión de estas resoluciones, lo cual plantea una reflexión importante sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones tomadas por el MEN. Es crucial recordar que la autonomía universitaria, aunque protegida por la Constitución, no es absoluta y está sujeta a las disposiciones legales y a la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación.
Sin embargo, la percepción de Mosquera, de ser víctima de una decisión injusta puede estar vinculada a la falta de transparencia y comunicación efectiva durante el proceso de vigilancia e intervención. La rápida sucesión de resoluciones y cambios en la administración de la UTCH, sumado a la intervención del nuevo ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, podría interpretarse como una falta de consistencia en la aplicación de las normativas por parte del MEN.
Análisis de la legalidad de las resoluciones.
La Resolución 011010 del 5 de julio de 2024, que ordena la suspensión de Mosquera, y la posterior Resolución 012396 del 26 de julio, que designa a Vanessa Sánchez Ruiz, como rectora delegada, parecen ajustarse al marco normativo vigente. Estas resoluciones se basan en la Ley 1740 de 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, y en los decretos subsiguientes que especifican los requisitos y procedimientos para la designación de reemplazantes en casos de medidas preventivas como la “Vigilancia Especial”. Reitero, ya algunos jurídicos en Colombia, especulan demandar esta norma por los supuestos atropellos a la autonomía universitaria.
La Ley y los decretos contemplan la posibilidad de intervención estatal en instituciones educativas cuando se detectan irregularidades graves que ponen en riesgo la calidad del servicio educativo. En este sentido, las decisiones del MEN parecen estar respaldadas por un marco legal claro y específico.
No obstante, el hecho de que se haya emitido una segunda resolución que contrasta con la primera, sin que se explique de manera detallada y pública las razones de esta modificación, podría ser visto como una inconsistencia en el procedimiento administrativo. Este tipo de cambios abruptos puede generar desconfianza y sensación de arbitrariedad, no solo en los afectados directamente, como Mosquera Valencia, sino también en la comunidad universitaria y en la opinión pública.
Ética y legitimidad de la intervención.
Desde un punto de vista ético, la intervención del MEN en la UTCH plantea preguntas sobre la legitimidad de las medidas adoptadas. Si bien es cierto que el Estado tiene la responsabilidad de velar por la calidad de la educación, también es fundamental que los procesos de intervención se lleven a cabo de manera justa, transparente y respetando los derechos de todas las partes involucradas.
La falta de claridad en la comunicación por parte del MEN y la percepción de Mosquera Valencia, de haber sido tratado de manera injusta, sugieren que el proceso podría haberse manejado con mayor sensibilidad y cuidado, especialmente dado el impacto significativo que estas decisiones tienen en la gobernanza de la Universidad y en la vida de sus directivos y demás comunidad universitaria.
Conclusión.
David Emilio Mosquera Valencia, se siente con motivos válidos para cuestionar la manera en que se ha gestionado su suspensión, “especialmente en lo que respecta a la transparencia y consistencia de las decisiones del MEN”. Argumentando que ha atendido las medidas con
–La implementación de un plan de mejoramiento, que fue presentado y respaldado por la Subdirección de Apoyo a las IES del Ministerio de Educación, “que aún no ha sido aprobado por la Subdirección de Inspección y Vigilancia. A pesar de no contar con la aprobación formal del MEN, el plan ya ha avanzado en más del 60%, lo que demuestra el compromiso con la mejora continua durante la gestión de David Emilio Mosquera Valencia”.
-La constitución de un encargo fiduciario “para el manejo de los recursos, a través de un contrato firmado entre FIDRUBOGOTÁ y la UTCH, tras realizar grandes esfuerzos. Este proceso se encuentra en fase de implementación, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional”.
– El nombramiento de un inspector in situ en noviembre de 2023, “quien ha realizado dos visitas de seguimiento: una en diciembre de 2023 y otra en abril de 2024. Sin embargo, los informes de estas visitas no fueron remitidos a la administración durante la gestión de David Emilio Mosquera Valencia”.
– El nombramiento de un auditor de pago en diciembre de 2023, “la universidad designó a un auditor de pagos, quien ha presentado informes periódicos al Ministerio de Educación Nacional”.
De acuerdo a lo anterior, David Emilio Mosquera Valencia, argumenta que estas medidas se han atendido acorde a lo que dispuso el Ministerio de Educación Nacional, por lo que ve incoherente la medida denotando una injusticia de manera flagrante. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente legal, “las resoluciones emitidas parecen estar dentro del marco normativo que regula la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia”.
La controversia en torno a este caso subraya la importancia de un equilibrio entre la intervención estatal para garantizar la calidad educativa y el respeto por la autonomía universitaria y los derechos de los individuos. Para evitar situaciones similares en el futuro, es fundamental que el MEN refuerce sus procesos de comunicación y justificación de decisiones, asegurando que todas las partes involucradas comprendan claramente las razones y el contexto de las medidas adoptadas.
Incertidumbre y tensión.
La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, se encuentra actualmente sumida en una situación de incertidumbre y tensión, luego de la suspensión de su rector anterior, David Emilio Mosquera Valencia, por parte del Ministerio de Educación, debido a presuntas irregularidades en su gestión que deberá ser la justicia ordinaria quien lo declare culpable o no.
La institución sigue bajo estricta vigilancia y el acceso al campus permanece bloqueado. La nueva rectora, Vanessa Sánchez Ruiz, aunque ha sido prudente al hacer referencia puntual sobre su antecesor, si criticó la forma violenta en la que fue recibida el 29 de julio de 2024, desde su llegada no ha calmado la situación, ya que líderes estudiantiles han denunciado persecuciones e intimidaciones por parte de encapuchados. Además, se han registrado incidentes de violencia, como la quema de llantas a la entrada del campus, lo que ha generado un clima de miedo y ansiedad entre la comunidad universitaria. Mientras tanto, David Emilio Mosquera Valencia, busca demostrar a través de medidas judiciales que sus derechos fueron vulnerados durante el proceso de suspensión.
Toda esta situación, marcada por el juego de intereses, sugiere que, así como Vanessa Sánchez Ruiz, fue recibida como nueva rectora en la UTCH, su llegada se ve como triunfalista, acompañada de un grupo de personas, con la intención de repetir lo que experimentó al llegar. Esto solo contribuiría a perpetuar la violencia.
Hago un llamado a los intervinientes a mantener la calma y a respetar la dignidad humana, así como el derecho a la protesta, especialmente considerando que hay personas heridas. El diálogo es la única salida razonable.
