María Fernanda Ángulo Amórtegui ha asumido el cargo como la nueva directora de la dirección territorial del Chocó de la Unidad para las Víctimas. Su nombramiento fue hecho oficial por el secretario general, Guillermo Martínez Daza.
Ángulo Amórtegui posee dos títulos universitarios, es abogada graduada de la Universidad de San Buenaventura y administradora pública territorial de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). En la actualidad, es candidata a obtener un máster en la Universidad Libre de Cali.
Su experiencia incluye más de una década de trabajo en la defensa de los derechos territoriales en comunidades étnicas, principalmente en la región del Pacífico, y en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. En el sector público, ha trabajado con la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y brindado apoyo en la oficina asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
“Tengo muchas expectativas para contribuir en mi labor como directora territorial, pues tengo la preparación, además, me siento comprometida porque vengo de un proceso de trabajo con las comunidades. Por ello, lo primero es cumplir el mandato de servir a la sociedad del departamento del Chocó y en especial a las víctimas del conflicto armado que son el centro de nuestro trabajo”, expresó la recién posesionada.
Asimismo, para Ángulo Amórtegui, entre los desafíos que recibe está afianzar el diálogo social y la contribución colectiva de medida y acciones con las comunidades, “para finalmente, lograr el cumplimiento de los compromisos que como gobierno tiene la entidad”, destacó.
La nueva directora territorial, nativa del Consejo Comunitario Bazán, la Bocana, Buenaventura, Valle del Cauca, recientemente desempeñó su papel como asesora jurídica y coordinadora del proyecto de derechos humanos para el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN).
En la Unidad para las Víctimas, bajo el lema “Cambiamos para servir”, se compromete a continuar trabajando en iniciativas para la implementación de políticas que ayuden a superar las desigualdades, proporcionen una reparación transformadora y permitan a aquellos afectados por el conflicto armado ejercer plenamente sus derechos.