Con respecto a unas publicaciones que han aparecido en algunos medios de comunicación en los últimos tres años, desde que anunció su aspiración al Congreso y que en dichas publicaciones, se afirma que no es una víctima y que cometió irregularidades en el proceso de inscripción de su candidatura, el representante James Mosquera Torres, afirma:
¿Cómo responder a esas acusaciones? Claramente, sí he sido víctima desde 1988, cuando las FARC asesinaron a mi hermano, que era policía en Antioquia. Después, sufrí un atentado perpetrado por grupos al margen de la ley en Quibdó en 1993, cuando era Juez de Rentas Departamentales. En ese momento, dichos grupos controlaban el contrabando de licores, cigarrillos y otras mercancías desde Turbo hasta Quibdó y otros municipios del Chocó.
Al comenzar el nuevo siglo, fui secuestrado en el Darién chocoano junto a mi hermano Sócrates, a manos de las Autodefensas, debido a que, como abogado, estaba adelantando un proceso contra el municipio de Riosucio, el cual, al igual que muchos otros, era controlado por este grupo armado.
En 2002, después de la masacre de Bojayá, sufrí varias amenazas contra mi integridad, esta vez por parte de miembros de la fuerza pública involucrados en dicha masacre por omisión en su deber de proteger a esa comunidad desprotegida, pese a las amenazas latentes denunciadas por la ONU, la Iglesia y la Defensoría del Pueblo.
Años más tarde, como abogado litigante, adelanté un proceso contra miembros del Ejército, ya que habían asesinado a varias personas en un paraje entre los municipios de Istmina y Condoto, haciéndolas pasar por guerrilleros. Este fue el primer caso de falso positivo documentado en el país. Como resultado de mi actuación, fui objeto de amenazas por parte de los responsables.
Además, las FARC me quitaron una finca ubicada entre Istmina y Quibdó. Posteriormente, tuve que abandonar mi casa en el barrio El Poblado por amenazas, y hasta el día de hoy no puedo regresar, incluso contando con escoltas.
Así, he sido víctima en múltiples ocasiones, y continúo siéndolo, ya que en febrero de este año dos de mis hijos tuvieron que refugiarse en otro país por amenazas, perdiendo la posibilidad de estar conmigo y yo de estar con ellos.
Cabe mencionar que cada vez que recibía amenazas, el temor me obligaba a refugiarme fuera del Chocó, y en varias ocasiones, fuera del país. Durante más de 30 años, he tenido que vivir con escoltas, ya sea de la Policía, como en 1994 en Istmina, o escoltas privados que me acompañaban en mis actividades diarias.
No servía de nada cambiar de número telefónico o contratar planes a nombre de otras personas; los actores armados siempre encontraban la manera de conseguir mi número o simplemente me abordaban en la calle o en la oficina. Incluso recuerdo haber puesto mi número como privado para evitar esas llamadas, pero tampoco fue suficiente en algunas ocasiones.
Las puertas de mis residencias en Quibdó e Istmina tuvieron que ser reforzadas por temor a que atentaran contra mi vida. En una ocasión, mientras estaba en Istmina, intrusos invadieron mi habitación en Quibdó, lo que me obligó a instalar cámaras de seguridad.
Durante años, tuve que vivir prácticamente encerrado, sin poder hacer vida pública. Incluso pedí a mis hijos mayores que abandonaran el Chocó, pese a tener sus trabajos y arraigos en la región.
Llevar una vida llena de miedos y temores es muy complejo. Estos temores se reflejaron hace tres años durante la campaña, en la cual, debido a amenazas latentes, no pude visitar algunas comunidades. Aun así, ganamos las elecciones con más de 13,000 votos, frente a los 4,000 obtenidos por el segundo candidato. A partir de ahí, se desataron una serie de persecuciones en mi contra, reflejadas en declaraciones de uno de los candidatos en medios como La Silla Vacía, El Espectador, la Emisora Brisas del San Juan, y otros medios afines a ellos.
Como congresista, mi pilar fundamental ha sido defender a las víctimas del conflicto armado, no solo en el Chocó, sino en todo el país, ya que en carne propia sigo sufriendo los rigores de un conflicto prolongado. Soy consciente de que solo los diálogos de paz nos permitirán construir una Colombia en la que podamos vivir sin miedo y detener el derramamiento de sangre. En el Chocó, los jóvenes son asesinados a diario; los comerciantes deben abandonar sus negocios; los profesores no pueden vivir en paz debido a las extorsiones; y muchas personas de bien han tenido que abandonar su territorio y sus familias.
El Chocó ha vivido una violencia sin precedentes en las últimas tres décadas, y yo he sido víctima de ella una y otra vez. Por esta razón, desde el Congreso seguiremos luchando por consolidar una paz que incluya mayor atención a las poblaciones menos favorecidas, donde continúan los paros armados, los confinamientos y los desplazamientos debido a la presencia de actores armados, como ocurre cada mes en Istmina, el pueblo que me vio nacer hace más de 56 años.
El Chocó ha estado polarizado por temas políticos durante mucho tiempo, y ahora, como congresista, soy objeto de acusaciones sin fundamento. Aun así, las necesidades de mi departamento y de los municipios de Vigía del Fuerte y Murindó son mi mayor motivación para seguir adelante con la bendición divina.
Soy una persona respetuosa de las opiniones de los demás, pues esto enriquece la vida de todos. En consecuencia, me considero una persona trabajadora, dedicada y honesta, que vive enamorada del respeto a la vida y las buenas costumbres.